En Septiembre del 2011 el actual Jefe de Gobierno por
decreto 481/2011 duplicó el monto máximo para llevar adelante licitaciones
privadas para obras públicas menores fijándolo en un millón de pesos. A su
llegada al gobierno en 2008 ya había elevado ese monto a quinientos mil pesos. Comparado con otras
administraciones provinciales, e incluso la Nación, es el monto más elevado
para este tipo de contrataciones que son la excepción y no la regla que
Argentina establece para las obras públicas o contratos de servicios (ver
cuadro). En este tipo de contratación la
discrecionalidad del agente público es amplísima, pues el mismo que está contratando
es el que invita a una limitada cantidad de empresas (5) a presentar ofertas, y
la publicidad del llamado a licitación es mínima lo que atenta contra la
obtención de mejores valores y alienta la concentración de las obras en un
pequeño número de empresas.
ADMINISTRACIÓN
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MONTO MÁXIMO PARA
LICITACIÓN PRIVADA
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CIUDAD DE BUENOS AIRES
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$1.000.000.-
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ESTADO NACIONAL
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$800.000.-
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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$610.000.-
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CÓRDOBA
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$480.000.-
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SANTA FE
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$400.000.-
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La regla general para la obra o la contratación de
servicios por parte del Estado es la licitación pública, donde en un marco de
mucha mayor transparencia y publicidad compiten por la contratación, todas las
personas físicas o jurídicas interesadas en contratar con el Estado. La razón
de ser de la regla es obvia, como se dijo, mayor transparencia y publicidad, y
ante la convocatoria amplia a todo interesado, también mayores posibilidades de
contratar mejor (es decir, más barato o con mejores condiciones). La existencia
de normas que autorizan a prescindir de la licitación pública en casos de
contrataciones de menos de un valor determinado, no implica que éstas deban realizarse
por licitación privada. La licitación pública continúa siendo la regla.
Pero el que hizo de la excepción una regla es el
Secretario Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli. De un
total de 32 procesos licitatorios el 35% lo hizo por el mecanismo de licitación
privada, repartiéndose entre 4 empresas
un total de $ 8.742.320.
De las 32 licitaciones (públicas y privadas) llevadas
adelante por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, se
adjudicaron hasta el momento 20 por un monto de $ 26.459.315,33 divididas entre
7 empresas. Las privadas se dividen en 4 empresas , distribuidas de la
siguiente manera: 4, Mediterráneo S.A.;
3, Altote S.A.; 3, Instalectro S.A. y 1, Consultarq S.R.L. La licitaciones
públicas comparten algunos nombres también, y se dividen en 6 empresas: 3,
Mediterraneo SA; 3, Instalelectro SA; 2, Eduardo Caramian SACICIFyA; y Planobra
SA, Cavcon SA y Ingecons SA una cada una.
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
“…muchos países de la región podrían duplicar sus
inversiones en salud y educación si ahorrasen la porción de sus presupuestos
que se pierden por sus pesimos procesos de adquisición” (Jorge Claro de la
Maza, ex Jefe de la Oficina de Coordinación y Política de Adquisiciones del
BID).
Tanto el régimen de licitación pública como privada
prevé la conformación de una Comisión Evaluadora de Ofertas, que tiene a su
cargo: el Examen de los aspectos formales, la Aptitud de los oferentes,
Evaluación de las ofertas y la Recomendación sobre la resolución a adoptar para
concluir el procedimiento. Esta comisión es la que determina el orden de mérito
que tendrá en cuenta el funcionario responsable del área para adjudicar la obra.
Eduardo Macchiavelli, por resolución 169 de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, crea la Comisión Evaluadora de Ofertas y
designa sus integrantes, pero en un claro atentado a la transparencia de la
cosa pública, dicha resolución jamás fue publicada en el Boletín Oficial, ni
siquiera en el portal de normativa del Gobierno de Ciudad. Es bueno recordar
que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es rica en disposiciones que
garantizan la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, y en
particular en esta materia se destacan los artículos 53 y 132, que obligan -el
primero- a la difusión sin restricción de los datos relativos a la
administración de los fondos públicos y, el segundo, a difundir y publicar todo
lo relativo a “actos de contenido patrimonial relevante”.
Según se desprende de las 22 actas preadjudicación
serían cinco, al menos, los integrantes de la misma, firmando siempre cuatro de
ellos: dos abogados, un contador y dos arquitectas que se alternan en las
firmas. Al no publicarse el acto que los designa desconocemos la idoneidad que
motivó sus nombramientos, siendo difícil determinar su experiencia en
contrataciones de obras públicas. De la única que se puede conocer alguna
actividad vía web es de una de las arquitectas que es una prestigiosa
decoradora de interiores.
MANIOBRA PARA EVITAR LA LICITACIÓN PÚBLICA
“…..existiría el riesgo de convocar a una
contratación directa presupuestando el total de la prestación en una suma menor
al límite fijado, y adjudicar luego por una mayor, lo que podría encubrir una
maniobra para eludir tramitar una licitación pública.” Mario Rejtman
Farah (Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional. Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot 2010, p. 67).
La licitación privada N° 223/2012 que contempla “la
puesta en valor de la Plaza Julio César Fumarola” fue presupuestada por
$924.060,16, convenientemente al límite del monto fijado por decreto para poder
evitar la licitación pública.
Las empresas que presentaron ofertas fueron dos y ambas
superaron el monto máximo fijado para licitar de forma privada. En vez de haber
dejado sin efecto la licitación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomendó
otorgar la obra a la empresa Mediterraneo S.A. por el monto de $ 1.106.542.
La resolución no importó, por parte de la comisión,
mención alguna del por qué de esta decisión. Tampoco se hizo mención a normativa alguna que le permita
aumentar, de facto, el monto de un millón de pesos, eludiendo de esta manera la
licitación pública.
OTRA MANIOBRA PARA EVITAR LA LICITACIÓN PÚBLICA:
DESDOBLAMIENTO
Una de las obras públicas que se licita privadamente es
la contracción de “esquinas de prioridad el peatón”. La obra consiste en la
construcción de sendos vados en las cuatro esquinas del cruce de calles. Los llamados por esta obra son cuatro, es
decir que el Secretario de GCyAC desdobló y fraccionó el llamado del mismo
objeto contractual para poder llevarlo a cabo bajo la modalidad licitación privada ($2.876.991).
Estas obras debieron ser ejecutadas a través de una
licitación pública, pero para que no supere el millón, que dicta la normativa
vigente, se la dividió en cuatro. Tres de las cuatro licitaciones sobre esta
obra fueron preadjudicadas a la misma empresa, ALTOTE S.A. Tan burda es la
maniobra que dos de las misma se publicaron en el Boletín Oficial N°3968,
tienen número correlativo de resolución y la comisión de evalución de ofertas
labró dos actas el mismo día a la misma hora para preadjudicar las obras a la
empresa ALTOTE S.A.. Esto demuestra el nivel de seriedad con que encara la
tarea la Secretaríaa de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
ÚNICO OFERENTE
Otro de los casos es la Empresa Mediterráneo S.A., una
empresa de origen tucumano de la cual se sabe poco, no figura en guía en la
Ciudad de Buenos Aires, no tiene página web, etc. Esta fue beneficiada con 3
licitaciones públicas y 4 licitaciones privadas por la SGCyAC.
Respecto a las de orden privada en una fue la única
oferente. Su oferta superaba el millón de pesos
permitido (ofertó $ 1.060.000) para la operatoria de licitación privada,
que basa su proceso en una compulsa de precio entre varias empresas. Sin embargo, la comisión de evaluación de
ofertas decidió pedirle a Mediterraneo SA que mejorara la oferta. La empresa
mejoró la oferta, por solo 7000 pesos menos que el millón que preveé la
normativa, ya sabiéndose ganadora de la licitación. No sería extraño, porque es
de uso habitual por todas las contratistas de la Ciudad, pedir una
redeterminación de precios excediendo el tope para la licitación privada.
UNA EMPRESA CON ANTECEDENTES
Otra de las contratistas beneficiarias por el
sistema de licitación privada es
Instelectro S.A. Contratista de la
ciudad desde el ‘83, pero con una
denuncia muy concreta en el 2011 cuando la comunidad educativa de Villa Urquiza
junto a la diputada Naddeo denunció que los artefactos lumínicos que había
instalado en Av. Triunvirato 4992 donde
funcionan 3 colegios, carecían de seguridad. Tal esa así, que varios se
desplomaron ante la vista de todos en el acto del 21 de septiembre de ese año.
Intalectro no sólo fue ganadora de 3 licitaciones
privadas, además ganó 3 licitaciones públicas sumando un total de $
7.246.315,32.
UNA PLAZA, MUCHAS MANOS.
La plaza Portugal se ubica en la comuna 13 al lado del puente
de la Av. Elcano. Este años nos encontramos con que la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana llamó a licitación privada para su puesta en
valor. La obra ya está preadjuticada a la empresa Intalectro SA por un monto de
$ 657.277. Como es costumbre para esta Secretaria, el único argumento para
hacer un llamado a licitación privada y no pública es el monto, abusando de lo
que dicta la ley y el decreto 481/2011.
Pero esto no es todo, lo más grave es que esta plaza fue
objeto del Programa Construcción Ciudadana dependiente de la Jefatura de
Gabinete, firmando el Compromiso Comunitario “PLAZA PORTUGAL” el 22 de marzo
del año pasado. Esto decía una
comunicación oficial: “En la Plaza Portugal tenemos planificado comprometernos
a reforzar la limpieza general y remover los grafitos de la misma., para
mantener las refacciones recientes de la misma. Estas tareas fueron ejecutadas
por VIVERO CUCULO S.R.L. a través de la Dirección de Espacios Públicos.”
Efectivamente este compromiso se cumplió y todos podemos
ver que la plaza en cuestión no necesita de una “puesta en valor” ...
¿Y LAS COMUNAS?
Más allá de lo expuesto hasta acá es importante señalar
que la totalidad de las obras aquí en juego no han sido consultadas con las
Comunas. No es un capricho sino que el 95% de las obras licitadas corresponden
a las competencias exclusivas (es decir, SOLO de las Comunas) de estas tal como
lo señala la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas 1777...
No se trata del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
se trata de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que es la
encargada de ejecutar el plan de transferencia de competencias a las comunas
que hasta hoy no lo ha puesto en marcha. Por el contrario, el Secretario
Eduardo Macchiavelli ejecuta dinero que deberían gestionar las comunas.
Está claro que las Juntas Comunales, con una integración
plural y la atenta observación de los vecinos y organizaciones que participan
Consejos Consultivos Comunales, garantizarían la administración de estos
recursos públicos con mayor transparencia, eficiencia y apego a la legalidad.